Por Antonia Nieves Sánchez, directora de Proyectos en Impulso by Pons
La implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en España no solo responde a una exigencia normativa derivada de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética (Ley 7/2021), sino que también está vinculada a compromisos financieros adquiridos con la Unión Europea. Los municipios de más de 50.000 habitantes debían establecer ZBE antes del 1 de enero de 2023, en línea con los objetivos del Pacto Verde Europeo.
Sin embargo, la ejecución ha sido irregular. Recientemente, la Fiscalía ha solicitado información sobre el cumplimiento de estas zonas, y el Ministerio de Transportes ha advertido que los fondos europeos destinados a su implantación podrían estar en riesgo de devolución si no se corrigen los errores detectados. Esta situación pone en evidencia no solo la urgencia de actuar, sino también la necesidad de revisar profundamente los procesos jurídicos y técnicos que sustentan las ZBE.
Retos jurídicos: cuando la norma no basta
Aunque el marco legal es claro, su aplicación ha generado una serie de conflictos jurídicos que comprometen la viabilidad de las ZBE. Tras su entrada en vigor en ciudades como Madrid, Barcelona o Sevilla, han proliferado los recursos contencioso-administrativos, alegaciones por impacto económico y demandas por falta de participación ciudadana.
Uno de los principales problemas ha sido la impugnación de ordenanzas municipales por falta de motivación técnica. En muchos casos, las restricciones no estaban suficientemente justificadas mediante estudios de calidad del aire o modelizaciones específicas. Además, la gestión de excepciones ha resultado opaca y arbitraria, generando agravios comparativos entre ciudadanos y sectores económicos.
La inseguridad jurídica también ha afectado los procedimientos sancionadores, con sentencias que han suspendido sanciones por falta de proporcionalidad o por defectos en la tramitación. A esto se suma la fiscalización por parte de órganos de control como tribunales y defensores del pueblo, que han señalado deficiencias en la transparencia y en la participación pública.
En ese sentido, el análisis jurídico realizado por Impulso by Pons nos revela una serie de errores comunes que se repiten en múltiples municipios. Muchas ordenanzas han sido anuladas por carecer de estudios de impacto ambiental o por presentar una redacción ambigua y restrictiva sin fases transitorias. La participación ciudadana, en lugar de ser un proceso abierto y deliberativo, ha sido tratada como un trámite formalista, con escasa publicidad y sin respuesta motivada a las alegaciones.
Otro problema frecuente ha sido la falta de coordinación entre municipios colindantes. Las medidas adoptadas de forma aislada han generado contradicciones normativas, especialmente en lo relativo a accesos y señalización, lo que ha provocado conflictos entre administraciones y confusión entre los usuarios.
Esta ilustración muestra claramente las diferencias entre una buena y una mala implementación de ZBE:
| Municipio A (Éxito) | Municipio B (Problemas legales) |
| ✔️ Estudio técnico exhaustivo | ❌ Copia de estudios ajenos |
| ✔️ Ordenanza progresiva y clara | ❌ Normativa inmediata y restrictiva |
| ✔️ Participación ciudadana efectiva | ❌ Publicación mínima y sin diálogo |
| ✔️ Gestión electrónica de excepciones | ❌ Procesos manuales y discrecionales |
| ✔️ Coordinación con municipios vecinos | ❌ Conflictos por restricciones contradictorias |
| ✔️ Sin recursos judiciales | ❌ Ordenanza suspendida por sentencia |
Por eso, desde nuestra experiencia en Impulso by Pons proponemos cinco líneas de actuación para garantizar una ZBE eficaz:
- Construir cada medida sobre una base jurídica y técnica sólida.
- Fomentar la transparencia y la participación ciudadana real.
- Anticipar escenarios de litigio y preparar defensas jurídicas robustas.
- Coordinarse territorialmente con municipios vecinos para evitar duplicidades.
- Evaluar periódicamente las medidas para corregir vulnerabilidades.
Las ZBE no deben verse como una carga normativa, sino como una oportunidad para transformar nuestras ciudades hacia una movilidad más limpia, segura y sostenible. Su éxito depende de una implementación rigurosa, transparente y participativa. Desde Impulso by Pons, estamos comprometidos con acompañar a las administraciones en este proceso, aportando conocimiento jurídico, técnico y estratégico para construir una movilidad más justa y resiliente.
